Elecciones del 1 de marzo
Garzón suspende ahora a Askatasuna y a D3M para abortar su campaña electoral
Garzón suspende ahora a Askatasuna y a D3M para abortar su campaña electoral
Contaminando la vida social de Euskal Herria
Ese era, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el efecto que tendría la presencia de la izquierda abertzale en los comicios del 1 de marzo: «contaminar la vida social» vasca. Atendiendo a ese argumento, que muestra la visión antropológica y sociológica que sostienen las autoridades y los tribunales españoles respecto a la realidad vasca, pero que no aporta la más mínima base jurídica a un proceso de ilegalización de partidos y proyectos políticos como el que está en marcha en el Estado español, el juez Baltasar Garzón decidió anoche suspender oficialmente las actividades de la plataforma electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) y el partido político Askatasuna. Asimismo, ordenó que la Consejería de Interior de Lakua y la Jefatura Superior de Policía de Iruñea supervisen el cumplimiento del veto establecido. También aquí dejan claro que su visión sobre la realidad vasca supera a menudo los límites que ellos mismos establecen.
En una primera y somera lectura del auto llama la atención, además de la utilización de una lógica que se adapta siempre al objetivo confeso o a la conclusión buscada de antemano, las referencias a la jurisprudencia que en este terreno han establecido los tribunales europeos. Por un lado, no parece que compararse con Turquía -una reconocida potencia mundial en la salvaguarda de los derechos políticos, civiles y, en general, humanos- sea la mejor estrategia para evitar las críticas de los organismos internacionales. Por otro, se utiliza esa jurisprudencia a la inversa, utilizando la excepción para convertirla en norma. No cabe duda que los últimos informes internacionales no han surtido el efecto buscado por sus autores, pero han obligado a equilibrios retóricos por parte de los tribunales españoles que darán qué hablar en esas otras instancias.
Con autos como éste la judicatura española no sólo contamina gravemente la vida social, sino que pretende desfigurar la realidad y los parámetros reales del conflicto vasco. Es de prever que antes, durante y después de las elecciones esa realidad y esos parámetros se impondrán.
Ese era, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el efecto que tendría la presencia de la izquierda abertzale en los comicios del 1 de marzo: «contaminar la vida social» vasca. Atendiendo a ese argumento, que muestra la visión antropológica y sociológica que sostienen las autoridades y los tribunales españoles respecto a la realidad vasca, pero que no aporta la más mínima base jurídica a un proceso de ilegalización de partidos y proyectos políticos como el que está en marcha en el Estado español, el juez Baltasar Garzón decidió anoche suspender oficialmente las actividades de la plataforma electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) y el partido político Askatasuna. Asimismo, ordenó que la Consejería de Interior de Lakua y la Jefatura Superior de Policía de Iruñea supervisen el cumplimiento del veto establecido. También aquí dejan claro que su visión sobre la realidad vasca supera a menudo los límites que ellos mismos establecen.
En una primera y somera lectura del auto llama la atención, además de la utilización de una lógica que se adapta siempre al objetivo confeso o a la conclusión buscada de antemano, las referencias a la jurisprudencia que en este terreno han establecido los tribunales europeos. Por un lado, no parece que compararse con Turquía -una reconocida potencia mundial en la salvaguarda de los derechos políticos, civiles y, en general, humanos- sea la mejor estrategia para evitar las críticas de los organismos internacionales. Por otro, se utiliza esa jurisprudencia a la inversa, utilizando la excepción para convertirla en norma. No cabe duda que los últimos informes internacionales no han surtido el efecto buscado por sus autores, pero han obligado a equilibrios retóricos por parte de los tribunales españoles que darán qué hablar en esas otras instancias.
Con autos como éste la judicatura española no sólo contamina gravemente la vida social, sino que pretende desfigurar la realidad y los parámetros reales del conflicto vasco. Es de prever que antes, durante y después de las elecciones esa realidad y esos parámetros se impondrán.
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